Los clientes de DIGI podrían dejar de beneficiarse de algunas de las tarifas de fibra más bajas del mercado si llega un cambio regulatorio que afectaría también a Vodafone, Orange, Adamo, Avatel y otros operadores. Según las advertencias de estas compañías, el coste de utilizar determinadas infraestructuras de Telefónica podría aumentar de forma considerable durante los próximos años, un escenario que acabaría teniendo consecuencias en el precio que pagan los usuarios. De hecho, las estimaciones que manejan los operadores apuntan a un impacto mínimo de 1,5 euros mensuales por línea de fibra, una cifra que se trasladará directamente al bolsillo de millones de clientes.
De acuerdo con Bandaancha, varias telecos han presentado alegaciones ante la CNMC para expresar su preocupación por la propuesta, que actualmente está en estudio, donde las empresas sostienen que el nuevo modelo elevaría los costes asociados al despliegue y mantenimiento de sus redes, por lo que resultaría difícil absorber el incremento sin trasladar parte del impacto económico a las ofertas comerciales. La advertencia no se limita a un operador concreto, ya que afecta a buena parte de las compañías que compiten en el mercado español de banda ancha.
¿Por qué la oferta MARCo es tan importante para las operadoras?
La oferta MARCo es el sistema que regula el acceso a determinadas infraestructuras físicas de Telefónica, y gracias a este mecanismo, otros operadores pueden utilizar conductos y canalizaciones ya existentes para desplegar su propia fibra, reduciendo costes y acelerando la expansión de sus servicios, pero el debate actual surge porque la CNMC estudia modificar el modelo vigente. Según las compañías que han presentado alegaciones, sustituir el esquema regulado actual por otro con mayor libertad para fijar precios podría traducirse en incrementos significativos de los costes de acceso. Algunas estimaciones incluidas en las advertencias del sector apuntan a una subida acumulada que podría alcanzar el 110% durante un periodo de cinco años.
Cabe señalar que la relevancia de este asunto se entiende mejor al observar el peso real de estas infraestructuras en el mercado, donde los operadores sostienen que hasta el 80% de determinados despliegues alternativos de fibra utilizan elementos pertenecientes a Telefónica, una dependencia que afectaría a cerca de 120.000 kilómetros de red, y el posible aumento de costes llega en un momento sensible para las telecomunicaciones en España. Durante los últimos años, la intensa competencia entre operadores ha impulsado una guerra de precios que ha obligado a todas las compañías a ajustar márgenes para mantener o ganar clientes.
DIGI ha sido uno de los principales protagonistas de esa transformación gracias a una estrategia basada en tarifas muy ajustadas para todos sus clientes. De hecho, la propia compañía ya había advertido anteriormente de que determinados incrementos de costes o mayores necesidades de inversión podrían complicar el mantenimiento de algunos niveles de precios a largo plazo. En este contexto, cualquier modificación relevante de los gastos asociados a la red adquiere una importancia especial.
Más allá de una posible revisión tarifaria, el debate también refleja una cuestión de fondo sobre cómo debe evolucionar el mercado de fibra en España. Las decisiones regulatorias sobre infraestructuras no solo influyen en los balances de las empresas, sino también en la capacidad de los operadores para competir, expandir cobertura y seguir ofreciendo alternativas de bajo coste. Por eso, el resultado de este proceso será observado con atención tanto por el sector como por millones de usuarios que han convertido el precio en uno de los factores decisivos al contratar internet en casa.
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