​​

La policía del Reino Unido ha activado un plan más agresivo en su ofensiva contra el streaming ilegal, donde ya no basta con perseguir a los vendedores de los Fire TV modificados, sino que ahora están revisando las cuentas bancarias para identificar a los usuarios que han pagado por ver fútbol y contenido de pago a través de servicios de IPTV pirata. La advertencia del exdetective Rav Wilding, en coordinación con la Federation Against Copyright Theft (FACT), ha dicho que los investigadores acceden a los registros financieros de los distribuidores para rastrear quién les ha estado pagando y, a partir de ahí, contactar con esos compradores.

Así que, quien haya pagado por estos dispositivos o suscripciones puede «esperar una advertencia o dos» si la policía quiere saber por qué ha estado pagando por contenido ilegal. Cabe señalar que esta operación afecta a un fenómeno que, según las estimaciones manejadas por los propios investigadores, alcanza hasta cuatro millones de personas o hogares en el país. El modus operandi de la policía sigue una secuencia definida, ya que primero se identifica, se detiene o se investiga a los vendedores de los dispositivos; una vez que los investigadores tienen acceso a sus cuentas bancarias, revisan los movimientos para localizar a quienes les han transferido dinero por los Fire TV modificados o por las suscripciones IPTV.

Al final, esos pagos se convierten en la pista que lleva a los usuarios finales, a los que después se contacta para advertirles de que están incurriendo en una infracción penal. En algunos casos, plataformas como Sky han colaborado con la policía aportando información sobre los servicios que pierden ingresos por esta vía, donde el proceso no es inmediato ni masivo, pero sí está en marcha y se apoya en la trazabilidad que dejan las transacciones electrónicas, un rastro que muchos usuarios creían invisible. Un Fire TV es un dispositivo legal de Amazon que se conecta al televisor, pero cuando se modifica mediante jailbreak o sideloading se le instalan apps ajenas a la tienda oficial y reproductores personalizados como Kodi, además de suscripciones a servicios de IPTV que entregan televisión en directo, deportes y contenido bajo demanda sin pagar a los titulares de los derechos.

Ser dueño del dispositivo en sí no es un delito, pero usarlo para este propósito sí lo es.

¿Qué riesgo corre el usuario al comprar un Fire TV modificado?

La legislación aplicable es la Sección 11 de la Fraud Act 2006, que castiga a quien obtiene servicios «sin ningún pago» o «sin el pago completo», revela que las penas pueden incluir multas elevadas y, en casos extremos, prisión tanto para vendedores como para usuarios. Sin embargo, los procesamientos individuales siguen siendo poco frecuentes; lo habitual es que el usuario reciba una carta de cese y desistimiento o una visita de la policía, aunque la FACT ya ha contactado a más de mil personas en el Reino Unido para instarlas a dejar de usar estos servicios. La operación a gran escala se denomina Operation Eider y en ella participan fuerzas policiales de todo el país junto a FACT.

Cabe mencionar que, durante años, el usuario final de un Amazon Fire TV pirata se percibió a sí mismo como un actor impune que no tenía consecuencias por comprar este tipo de dispositivos modificados, protegido por la distancia entre su salón y el vendedor. Pero ahora, la revisión de las cuentas bancarias de los distribuidores rompe esa sensación de anonimato y convierte cada transferencia en una huella verificable, y la advertencia de la policía es la prueba de que el rastro del dinero ya está sobre la mesa de los investigadores.