Una de las medidas más esperadas para combatir las estafas por SMS en España tendrá que esperar unos meses más. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado oficialmente el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema que obligará a bloquear mensajes enviados desde alias no registrados, una iniciativa destinada a dificultar las campañas de fraude que utilizan la identidad de bancos, empresas de mensajería o administraciones públicas.
Inicialmente, esta medida debía comenzar a aplicarse el próximo 7 de junio de 2026. Sin embargo, una modificación de la Orden TDF/149/2025 amplía el plazo hasta el 15 de septiembre de 2026, concediendo más tiempo a operadores, empresas y proveedores para completar los trámites necesarios.
El objetivo de esta normativa es impedir que los ciberdelincuentes puedan hacerse pasar por entidades legítimas mediante el uso de nombres comerciales falsificados en mensajes de texto. Se trata de una técnica muy habitual en campañas de phishing, donde el remitente aparenta ser un banco, una compañía de reparto o incluso un organismo oficial para ganarse la confianza de la víctima.
Para combatir este problema, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un registro de alias. Las empresas que utilicen identificadores alfanuméricos como remitente deberán inscribirse en él para demostrar que tienen derecho a utilizar esos nombres.
Una vez que el sistema entre en funcionamiento, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear automáticamente cualquier SMS, MMS o mensaje RCS que emplee un alias no registrado. De esta forma, los usuarios dejarán de recibir una gran parte de los mensajes fraudulentos que actualmente consiguen superar los filtros tradicionales.
Según explica el Gobierno, el retraso responde a la complejidad técnica y operativa que implica la carga masiva de datos en el registro nacional. Las autoridades consideran que una implantación precipitada podría generar errores y provocar el bloqueo de mensajes legítimos.
Un fallo en el sistema podría impedir la recepción de recordatorios médicos, citaciones sanitarias, avisos administrativos o comunicaciones importantes relacionadas con trámites oficiales.
Por ello, aunque la medida sigue adelante sin cambios en su planteamiento, el Ejecutivo ha optado por conceder tres meses adicionales para garantizar que el registro funcione correctamente antes de su activación definitiva.
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