Cambiar la pantalla de un móvil de gama media en España ronda los 135 euros, aproximadamente la mitad de lo que cuesta un terminal nuevo con especificaciones similares.
Ante ese presupuesto, es lógico que muchas personas se planteen si tiene sentido reparar o si sale más a cuenta estrenar dispositivo.
Justo ahí pone el foco la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), porque con estos precios, la reparación pierde atractivo y el modelo de «usar y tirar» se impone casi por defecto.
Reparar deja de ser una opción lógica
Para tener datos y no solo sensaciones, la organización ha pedido presupuestos en servicios técnicos y talleres de distintas ciudades.
Y no se ha quedado solo en móviles, también ha mirado recambios de otros aparatos eléctricos y electrónicos. El patrón es parecido, donde el coste de muchas reparaciones se acerca tanto al de un producto nuevo que la opción de arreglar deja de ser competitiva.
A ello se suma la poca transparencia en algunos presupuestos, en el cual no siempre queda claro qué parte corresponde a piezas y cuál a mano de obra.
Si preguntas a los usuarios, la mayoría te dice que, en teoría, preferiría reparar, y lo hace por dos motivos principales, que son ahorrar dinero y generar menos residuos.
Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, el precio final, las dudas sobre el resultado y el tiempo que se pasa sin aparato terminan inclinando la balanza hacia la compra de uno nuevo.
En el caso del móvil, estar varios días sin dispositivo es un obstáculo adicional para la mayoría de las personas.
Pero con pequeños electrodomésticos como planchas o aspiradoras sucede algo similar, porque el presupuesto es lo bastante alto como para que muchos opten por renovar en lugar de alargar la vida del equipo.
De la queja a las soluciones posibles
Lo que pasa con la pantalla del móvil es solo una parte de un problema más amplio. Y es que muchos dispositivos están diseñados de forma poco reparable: carcasas selladas, componentes pegados y acceso complicado al interior.
Esa arquitectura hace que sustituir una pieza sea caro y poco práctico. Si además los recambios son difíciles de conseguir o tienen precios desproporcionados, la reparación se convierte en un camino lleno de frenos.
El impacto no es solo para tu bolsillo, también para el medio ambiente, puesto que se tira antes de tiempo productos que contienen materiales críticos y cuya fabricación ha sido costosa en recursos.
Frente a este escenario, la OCU mira hacia la futura Ley de Consumo Sostenible, ligada al llamado «derecho a reparar» que impulsa la Unión Europea. La idea es que la reparación deje de ser un gesto casi heroico.
La norma plantea medidas como obligar a desglosar el coste de piezas y mano de obra, garantizar que haya recambios disponibles durante más años y fomentar que los precios finales sean razonables en relación con el valor del producto.
De esta manera, la organización pide una aprobación rápida porque sus estudios indican que, sin cambios regulatorios, reparar seguirá siendo minoritario.
En las encuestas que ha realizado, los consumidores también marcan el camino. Reclaman garantías más largas que hagan que tenga sentido arreglar un dispositivo pasados unos años.
Piden productos pensados para poder abrirse y repararse sin operaciones extremas. Quieren recambios a precios asumibles y una red de talleres de confianza a la que acudir sin tener que improvisar cada vez que algo falla.
Muchos muestran interés por intentar pequeñas reparaciones por su cuenta, apoyándose en tutoriales y guías, pero tropiezan con la falta de información y de herramientas adecuadas.
Hablar de derecho a reparar tiene sentido solo si la respuesta se inclina cada vez más hacia la reparación. Para que eso ocurra, el coste tiene que cambiar, solo entonces volverá a ser normal arreglar antes de tirar.
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